Por Horacio Villegas

La fecha de vigencia del nuevo código penal será, según el Congreso Nacional ―luego de que su extensión por 45 días fuera aprobada el 9 de mayo―, el próximo 25 de junio. Este nuevo código, si lo permitimos, entraría en vigencia en un momento de crisis generalizada en donde los hondureños aun no resolvemos los grandes conflictos políticos iniciados por la casta de corruptos que dieron vía libre a la reelección presidencial, al fraude electoral, al saqueo de instituciones, etcétera; son precisamente estos sectores ligados al narcotráfico, diputados algunos de ellos, y cercanos al gabinete presidencial otros, quienes quieren apresurar la aprobación definitiva de este código que en vez de endurecer las penas, por ejemplo, delitos como la malversación de caudales públicos, las flexibiliza.

Los trabajadores y varios sectores cuestionan el nuevo código penal

Son varias las organizaciones y actores que han lanzado sus negativas a la puesta en vigencia del nuevo código penal, precisamente por considerar prematura su aprobación en medio de una pandemia, y lesivos varios de los artículos que componen este instrumento legal. Desde el 2017 varios académicos lanzaron sus argumentos en contra de la peligrosidad que pudieran tener para la ciudadanía los artículos referidos al delito de terrorismo, y afirmaron que dichos artículos significaban “un reacomodo estratégico del aparato estatal en su confrontación tanto con los movimientos de resistencia popular como con las bandas y redes de extorsión” (Revista Envío, Año 15, No. 52, mayo 2017, p. 26.).

Desde el año pasado el Concejo Nacional Anticorrupción CNA ha venido expresando su descontento en contra del nuevo código penal, presentando varias medidas de presión al Estado, entre ellas un recurso de inconstitucionalidad de dicho código, en donde se apunta lo que sigue: “el Congreso Nacional aprobó el nuevo Código Penal de la Impunidad (decreto 130-2017) que contiene rebajas a penas por delitos en contra de la administración pública, que favorece a un grupo selecto de funcionarios y exfuncionarios” (Comunicado de prensa, CNA, 28 de octubre de 2019).

La Coalición Contra la Impunidad lanzó el pasado 11 de mayo un pronunciamiento público en donde dejaba claro que la entrada en vigencia de este nuevo código penal era muy apresurada, y que el Congreso Nacional no concibió mejores espacios para discutir el contenido de dicho código, por lo que propusieron “ampliar el proceso de redacción, discusión, aprobación y reformas, así como la capacitación y difusión de la normativa jurídico penal para las instituciones de investigación y sanción penal, y para la población en general” (Pronunciamiento Público, Coalición Contra la Impunidad, 11 de mayo de 2020).

Las organizaciones de mujeres también expresaron su descontento con la nueva normativa penal, y cuestionan de fondo toda la elaboración de este código que a su juicio “carece de los criterios de género como regla de interpretación” (Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, mayo 2020, p. 1) Los varios artículos contenidos en dicho código que expresan las penas contra los agresores sexuales, si bien hablan de femicidio, violencia contra mujeres, violación sexual, hostigamiento sexual, contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos, hace falta según las feministas: la despenalización del aborto, la clarificación de figuras como el incesto y el estupro, y además la adhesión de tres modalidades de violencia como ser la publicidad sexista, la violencia institucional y el matrimonio infantil (Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, mayo 2020).

Finalmente, el movimiento sindical hondureño, que aglutina a las centrales obreras como la CGT, CTH y CUTH presentaron el pasado 18 de mayo su postura de cara a la aprobación del nuevo Código Penal. Estas organizaciones obreras hicieron notables sus exigencias en tres puntos que tienen que ver con tipificaciones contenidas en el nuevo código, como ser las “reuniones o manifestaciones ilícitas” art. 553, “asociaciones para delinquir” art. 554, “desórdenes públicos” art. 573 y “asociación terrorista” art. 587-89 (Carta Pública del Movimiento Sindical al Congreso Nacional, 18 de mayo de 2020). Las centrales obreras exigen la derogación total de estos artículos lesivos a los trabajadores.

Por una elaboración democrática del nuevo código penal

Desde el Socialista Centroamericano nos unimos a las exigencias planteadas por el movimiento sindical hondureño y las demás organizaciones civiles que han denunciado todo el articulado inconsistente de este nuevo Código Penal. Es necesario exigir a todos los diputados del Congreso Nacional la suspensión inmediata de la entrada en vigencia, para dar lugar a una elaboración democrática de otro Código Penal, que implique la participación de todos los sectores que han hecho críticas y esgrimido sus propuestas.

Mientras tanto los hondureños debemos sumarnos a las convocatorias a movilizaciones que han lanzado varios de estos sectores, para exigir la suspensión de su aplicación y vigencia.