Por Horacio Villegas

A pesar de todas las disposiciones implementadas para los trabajadores del sector privado en medio de la pandemia ―que se resumen en el esbozo de unas “medidas económicas” lanzadas el 30 de marzo, y la “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores” del 3 de abril―, ha sido insuficiente el esfuerzo del gobierno de turno en resolver la aguda crisis que ya empieza a golpear duramente a estos sectores.

Las mencionadas disposiciones le dan un amplio rango de decisión a los patronos para efectuar cuantos despidos de trabajadores se les antoje, y apenas el gobierno ofrece a esta larga fila de desempleados una “aportación solidaria temporal” (6 mil lempiras, equivalentes a 240 dólares) que no es generalizada para todos los trabajadores del sector privado, porque depende de la afiliación al RAP (Régimen de Aportaciones Privadas) y al Régimen de Zonas Libres (maquilas).

Décimo cuarto mes en peligro

La realidad que atraviesan en esta pandemia los empleados de franquicias, bancos, maquilas, entre otros, va desde la confiscación de sus días de vacaciones con el pretexto de la cuarentena y la paralización laboral, las suspensiones por 120 días, hasta terminar en la finalización de sus contratos sin derecho alguno.

Aun siendo desfavorable el escenario para este sector, los sesgados pronósticos de los empresarios apuntan ahora a una nueva incertidumbre que termina de confirmar la desidia del gobierno ante la defensa de los derechos laborales: los empresarios anunciaron el 2 de junio la fragilidad en el pago del décimo cuarto mes. Según el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) el pago de este derecho se efectuará fraccionado en los meses subsiguientes:

“«Obviamente las empresas actualmente tienen dificultades en cuanto a su liquidez y es muy posible que se estén dando acuerdos entre empresas y trabajadores para diferir este pago en los siguientes meses o pagarlo en meses distintos a junio», señaló Solórzano.” (Tiempo Digital, 2 de junio de 2020).

Estas declaraciones son vertidas en la opinión pública contrastando con las que dio el COHEP el 21 de abril, en donde afirmaron que “continúan las cesantías y preavisos, vacaciones, decimocuarto salario y pago de aguinaldo.” (El Tiempo Digital, 21 de abril de 2020). Todo indica que los derechos de los trabajadores pueden, por arte de magia, flexibilizarse ante el visto bueno de los empresarios; quienes ponen como única responsable del deterioro laboral a la pandemia, y como es ya sabido, son sus ansias de preservar sus cuantiosas ganancias lo que los lleva a pisotear estos derechos.

Bajo la crisis provocada por la pandemia, el decimo cuarto mes debe ser pagado integro: necesitamos dinero para comprar comida y pagar los servicios básicos.

Reapertura económica debe contemplar medidas de protección de los trabajadores

Mientras el retorno gradual a las actividades económicas propuesto por la patronal y el gobierno ―para este lunes 8 de junio― desborda la opinión pública, los trabajadores, sin implementos de bioseguridad, se aproximan a una situación sin precedentes: a un seguro contagio que ya ha estado pasando en las industrias (maquilas) y comercios de la zona norte y la capital, que no han parado sus actividades pese a la cuarentena.

Ha sido la zona norte la que más a sufrido los numerosos contagios que se establecen en las no tan creíbles estadísticas de SINAGER (3597 contagiados hasta la fecha en el departamento de Cortés), y no es casual dada la alta propagación del virus en lugares tan cerrados como las maquilas. Si la reapertura sucede, los trabajadores y el pueblo en general, deben tener certeza del nivel de propagación del virus, sólo evidenciado con una masiva aplicación de pruebas, inexistentes aun dado el millonario presupuesto aprobado por el ejecutivo y legislativo para esta crisis; sumado a esto, un verdadero plan de aseguramiento de la vida de las y los trabajadores con implementos de bioseguridad y jornadas de trabajo que tomen en cuenta a los compañeros y compañeras más vulnerables frente al virus.

Las protestas por el reintegro de un compañero suspendido de la Cervecería Hondureña a finales de mayo es el caso notable, puesto que dentro de las exigencias de estos trabajadores se encuentran los adecuados utensilios de bioseguridad para el cuidado personal y colectivo, equipos que no han sido dados en tiempo y forma por los Canahuati y demás familias de la burguesía ligada a estos rubros. A la defensa de todas las garantías laborales como los salarios, décimo cuarto mes, y vacaciones, debe añadirse la exigencia de paquetes de bioseguridad costeados por los patronos.