Por Frandav Lifú

El gobierno de doña Xiomara Castro ya lleva más de un mes de haber asumido la administración pública, hasta ahora, las frases de moda para los funcionarios del gobierno del Partido LIBRE y PSH son “no hay dinero”, “todo se lo robaron”, “saquearon las finanzas públicas”, o la frase más deprimente de todas “hasta los tenedores se robaron”. Si la narcodictadura se la pasó 12 años diciendo que la culpa fue de Mel, parece que ahora como un deja vu nos la pasaremos otro tanto de tiempo escuchando que la culpa es de la narcodictadura.

Al parecer, el guion está aprendido, todos pretenden sembrar en el imaginario colectivo que por la culpa de la narcodictadura no hay dinero y por ende; debemos dormir el sueño de los justos esperando un aumento salarial.

Los acuerdos para llegar al poder

Es ilusorio creer que los poderes fácticos permitieron que el partido Libertad y Refundación ganara las elecciones generales sin haber realizado algún pacto con los sectores involucrados en el golpe de Estado del 2009. El primero de ellos es la embajada estadounidense, que ya hasta el copete de las diabluras del narcotraficante Juan Orlando Hernández, decidieron sacarlo de una vez por todas de la administración pública. Fue la misma política del país del norte que protegió y avaló las ilegalidades del narcotraficante para que se impusiera con descarados fraudes en las elecciones del año 2013 y 2017.

El trabajo sistemático de los órganos judiciales estadounidenses en el desmantelamiento del cartel de los Hernández avanzaba desde el 2010 –año en que el Partido Nacional asumió el poder con Porfirio Lobo Sosa a la cabeza- a la par del financiamiento y reconocimiento del gobierno nacionalista y en consecuencia; del dictador que ahora se encuentra detenido para ser extraditado a New York.

Ante una probable crisis generada por la banda criminal que alimentaron, la política del pentágono se vio obligada a permitir el reconocimiento a todas luces de una contundente victoria de LIBRE, pero no sin antes doblarle el brazo al nuevo gobierno, obviamente, el pueblo envió placenteramente  aplausos y vivas hacia el norte por haber puesto fin a los 12 años de latrocinio de una banda criminal que aún sigue viva.

Cuando en octubre del 2021, Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras, estableció a espaldas de su base una alianza con el Partido LIBRE, obviamente, fue porque lo sentaron a negociar, aun y cuando sus principales cuadros hicieran rabietas de niño caprichoso y que ahora ya nadie recuerda. Sin embargo, ya es evidente que fueron comodines para encarrilar la nave al puerto que desean cuando esta se desvíe, tal y como sucede ahora con la amnistía a los presos políticos, en que todo los medios corporativos se exceden en resaltar situaciones de una supuesta impunidad a los personajes de Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri –que si fueron perseguidos posteriormente al 28 de junio del 2009 y no antes- por sobre los centenares de personas asesinadas, detenidas, judicializadas o exiliadas por persecución política. Hablan de regular la amnistía pero no mencionan el hecho de proceder contra fiscales y jueces que abusaron del poder desde el golpe de Estado. Tampoco hablan de resarcir el honor y los daños a personas que luchaban en las calles. Sin duda alguna que, el giro que también dio un sector de la empresa privada fue porque condicionaron el reconocimiento y apoyo a Xiomara Castro.

El pretexto para seguir hundiendo a los trabajadores

Actualmente sigue en discusión el aumento al salario mínimo, la representación empresarial y la de los trabajadores aún no se ponen de acuerdo y tendrá que ser el gobierno el que defina el aumento. Así como se presenta el panorama no será de gran cosa el nuevo salario mínimo que se definirá, en detrimento de la capacidad adquisitiva de las familias hondureñas. La misma suerte corren los empleados públicos, docentes y doctores, el discurso es que “no hay pisto” y si algo han dejado demostrado los “cachurecos” es que el dinero abunda cuando no se lo roban.

Independientemente de lo que saquearon los delincuentes que ya no están o de los acuerdos que adquirió doña Xiomara previo a las elecciones del 28 de noviembre del 2021, la clase trabajadora debe organizarse y salir a las calles a exigir que se detenga el precio de los productos de la canasta básica que desde diciembre no dejan de aumentar, exigir un aumento general de salarios acorde con el actual índice de inflación y sobre todo; a exigir el enjuiciamiento de los funcionarios que saquearon el erario e incautación inmediata de los bienes personales y de los testaferros respectivos.