Por Sebastián Ernesto González

La lista de los extraditados a los Estados Unidos ya va arriba de los treinta, acusaciones de tráfico de drogas, uso de armas para traficar, lavado de activos, asesinatos, asociaciones ilícitas, etcétera, son los delitos por los que todo extraditado ya cumplen condenas arriba de los 15 años o de cadena perpetua como el caso de Tony Hernádez, hermano de Juan Orlando Hernández. Actualmente hay varias solicitudes de extradición, siendo las más impactantes la del mismo expresidente Juan Orlando Hernández y la de Juan Carlos Bonilla, alias “El tigre Bonilla”, quien fue director general de la Policía Nacional y detenido el miércoles 9 de marzo por la tarde, después de andarse escondiendo de sus antiguos subalternos durante 10 meses.

Según la misma información que ha trascendido desde las mismas cortes de los Estados Unidos, todos los ya condenados y los solicitados en extradición venían siendo parte de una estructura criminal desde hace 20 años, un poco más o un poco menos. Curiosamente, el gobierno de Ricardo Maduro Joest del Partido Nacional fue en el periodo 2002-2006. Años en que se supone que todos estos criminales inciaron sus andanzas con el crimen organizado.

El asalto del poder por el cartel Hernández

Retrocediendo en la historia al periodo del ex presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), es más fácil ahora comprender la forma en que se dio el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Evidentemente, fue en ese periodo del 2002-2006 en que inciaron a estructurar una red criminal con el objetivo de asaltar el poder, situación que les fue facilitada por el discurso “antichavista”, “anticomunista”, y “anti reeleccionista” de los sectores que alimentaron la defenestración de Zelaya, y no hay que ignorar, el papel de los estadounidenses en sostener al Partido Nacional en el poder.

La empresa privada rápido encajó con esta banda, no fue difícil atraerlos al plan maquiavélico, siendo una burguesía parasitaria que todo el tiempo han hecho jugosos negocios con el Estado, sin importar quien estuviera al frente del gobierno, y, una banca privada emergente en consonancia con las políticas neoliberales que desde los años 90 venían ganando terreno, muy rápido se hicieron socios para el lavado de activos. Hasta ahora, solo la familia Rosenthal cumplió condena; Yani Hidalgo Rosenthal y su primo Yankel estuvieron presos en New York por menos de 5 años, mientras que su padre don Jaime Rosenthal fue pedido en extradición, pero murió sin ser llevado al norte. De tal forma que, el banco Continental de la familia Rosenthal en un suspiro fue desmantelado por el entonces presidente Juan Orlando Hernández.

Entre los individuos ya condenados en el norte con lazos fuertes en los gobiernos nacionalistas están: Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014); Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022); Alexander Ardón, primo de los Hernández y ex alcalde de El Paraíso departamento de Copán.  Se encuentran detenidos para ser extraditados en los siguientes días; Juan Orlando Hernández y Juan Carlos Bonilla. Al parecer, los órganos judiciales de USA hasta ahora solo tienen puestos los ojos en los Hernández, jerarcas militares y policías que utilizaron el poder para traficar droga al país del norte. Aún no hay empresarios de la banca privada, periodistas, personajes de la sociedad civil o pastores, que a todas luces estuvieron involucrados con el cartel Hernández. 

La telaraña criminal sigue intacta

Los constantes asesinatos múltiples, la quema de cárceles donde han muerto centenares de reos desde el 2003, la quema de buses, el asesinato de abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos o defensores del ambiente, son solo el resultado del terror sangriento desatado por la estructura criminal que penetró el Estado, y que; falta mucho por desmantelar. El pueblo hondureño y el gobierno de doña Xiomara Castro no pueden estar esperanzados en que los gringos se llevarán a todos los involucrados en el narcotráfico. Desde ya, el pueblo debe organizarse para exigir un referéndum revocatorio para cambiar los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General Óscar Chinchilla. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, fue impuesto por Juan Orlando Hernández y tiene nexos muy estrechos con el Cartel Hernández, es ilusorio creer que todos caerán en los brazos de la justicia norteamericana, estos siniestros personajes aún siguen utilizando la influencia en la institucionalidad para sembrar el caos y boicotear cualquier aspiración del pueblo por obtener justicia y equidad social. La movilización popular para desmantelar la red criminal no debe estar sujeta en ningún momento a los condicionamientos que desde USA le hicieron al Partido LIBRE y a doña Xiomara Castro para permitirles ganar las elecciones del 28 de noviembre del 2021.