Por Sebastián Chavarría Domínguez

La dictadura Ortega-Murillo logró aplastar militarmente la rebelión de abril del 2018, la oposición burguesa abandonó la consigna de elecciones adelantadas, se concentró en llegar a acuerdos en el fracasado Dialogo Nacional (2018 y 2019) y al final, cuando la dictadura se levantó de la mesa de negociaciones, quedaron a la deriva esperando que llegaran las elecciones generales del 2021.

Un vengativo muro jurídico

Durante tres años, la dictadura mantuvo un férreo control interno, una especie de Estado de sitio no declarado, una intensa represión selectiva, para impedir el desarrollo de nuevas movilizaciones populares, pero guardó sus principales cartas para el año 2021.

Desde finales del 2020, Ley N°. 1040, Ley de regulación de agentes extranjeros, con el objetivo de controlar la actividad de los ONGs, el ingreso de dinero, estableciendo inhibiciones políticas para todos aquellos que tuviese que inscribirse como “agente extranjero”, prohibiéndoles el derecho de optar a cargos de representación popular. Esa Ley todavía no ha sido aplicada, pero es obvio que estaba diseñada para las elecciones del 2021.

A finales de diciembre del 2020, fue aprobada la Ley No 1055,  con el rimbombante título de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, prohibiendo la postulación a cargos de elección popular, a aquellas personas que “(…) que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía,   y   la   autodeterminación,   que inciten   a   la   injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias  extranjeras  para ejecutar actos  de  terrorismo  y  desestabilización,  que propongan  y  gestionen bloqueos  económicos,  comerciales  y  de operaciones  financieras  en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”. Este tipo penal general permite juzgar a personas bajo los delitos de traición a la patria y delitos contra la Constitución.

Después, en enero del 2021, la dictadura aprobó una polémica reforma constitucional que estableció la “cadena perpetua condicional”, supuestamente para luchar contra los feminicidios, pero en realidad era una amenaza velada contra la oposición. En febrero del 2021, aprobó una reforma al código procesal penal con el objetivo de aumentar la detención, de 48 horas según la Constitución, hasta un máximo de 90 días. Esta era otra arma jurídica que estaba diseñada para la coyuntura electoral. Todos estos instrumentos jurídicos estaban destinados a ser usados a partir del segundo semestre del año 2021.

Reforma a la Ley Electoral y control absoluto del CSE

En Mayo de este año, la dictadura reformó la legislación contra el lavado de dinero, eligió 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), sin ceder un solo cargo a la oposición. El acto más agresivo y desafiante fue la reforma a la Ley Electoral. Contrario a lo esperado, la reforma electoral creo condiciones más difíciles a la oposición. No hubo ningún tipo de negociación política con la oposición, la dictadura tomo decisiones unilaterales, bajo la mirada horrorizada de la comunidad internacional. Todos los grupos de la oposición, en los hechos, habían terminado aceptando que las elecciones del 2021 serían la salida democrática a la crisis generada por la explosión social de abril del 2018. Todos rezaban para que se iniciara una transición hacia la democracia, pero el paquete de leyes aprobado en el último año nos indica lo contrario: la dictadura lucha por mantenerse en el poder, y no piensa, por el momento, hacer ningún tipo de concesión política.

El juicio contra Cristiana Chamorro

A mediados de mayo la Fiscalía abrió un proceso de investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cuya presidenta es Cristiana Chamorro, hija de la ex presidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996).

Sin líderes políticos reconocidos, un sector importante de las masas nicaragüenses se aferra a la ilusión que Cristiana Chamorro puede ser la nueva Violeta Chamorro que derrote electoralmente a Daniel Ortega. Por eso, en las encuestas, salía mejor parada que otros candidatos. Cualquier acusación o juicio en las actuales circunstancias es, sin lugar a dudas, una maniobra de la dictadura con el objetivo central de inhibir a Cristiana Chamorro como posible candidata presidencial, decretando arresto domiciliar e imposibilitándola de hacer campaña electoral.

El financiamiento de Estados Unidos y Europa

No hay duda que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), a través de diferentes agencias de cooperación, financiaron por muchos años a la FVBCH, otorgándoles varios millones de dólares que fueron utilizados para financiar a periodistas independientes y crear plataformas digitales de información, para hacerle contrapeso al enorme aparato de propaganda del FSLN que se financia con los recursos del Estado.

El problema es que la deriva totalitaria y dictatorial del sandinismo (2007-2021), el boicot financiero contra periodistas independientes y sus plataformas digitales, obliga a estos a buscar recursos en el otro lado, es decir, en las agencias de cooperación controladas por Estados Unidos y la UE.

Aparentemente, periodistas y organizaciones de la sociedad civil están prensados en sándwich: o se arrodillan ante la dictadura, o se arrodillan ante los imperialismos. Es una situación compleja, porque esos fondos no son utilizados para crear o reproducir posiciones independientes, revolucionarias, que fortalezcan la lucha democrática contra la dictadura, sino que son utilizados como cajas de resonancia de políticas preconcebidas por Estados Unidos y la UE. El resultado es fatal: por un lado la represión brutal de la dictadura, y por el otro el imperialismo fortalece a sus agentes.

Algo parecido ocurrió con los organismos surgidos de la rebelión de abril del 2018: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), quienes terminaron financiado sus actividades, no con dinero de sus simpatizantes, sino con dinero de las agencias de cooperación norteamericanas y europea. Las reuniones se hacían en hoteles, con almuerzos, viáticos y hasta recargas telefónicas. Una verdadera tragedia porque esos fondos están condicionados a impulsar una política. Poco a poco estos organismos fueron disolviendo las demandas democráticas de abril del 2018, y se fueron acomodando al hecho de soportar la represión hasta las elecciones del 2021. El problema es que la dictadura se mostró inflexible, no esta dispuesta a hacer la más mínima concesión, y lucha desesperadamente por mantenerse en el poder.

Ante la incapacidad política de la oposición, sus principales líderes se escudan en la comunidad internacional, invocando sanciones imperialistas que en realidad no resuelven nada, sino más bien le sirven de pretexto a la dictadura para intensificar la represión.

El encarcelamiento de los principales precandidatos

A inicios de junio, uno a uno, fueron capturados los otros precandidatos: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, también fueron detenidos otros líderes como Jose Pallais, y la plana mayor del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora llamado “UNAMOS”. Incluso, Maria Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, fue detenida con arresto domiciliar. Todos están siendo acusados con base a la Ley No 1055. Otros periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, tuvieron que salir al exilio por temor a ser encarcelados.

La inscripción de candidatos comienza el 28 de julio y termina el 2 de agosto. Todo indica que vamos hacia una campaña electoral deslucida, sin candidatos, unas elecciones hechas a la medida de la dictadura, lo que va a provocar un alto abstencionismo.

Ortega busca una negociación directa con Estados Unidos

Mientras en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la ley RENACER, destinada a presionar a la dictadura para que aplique reformas que permitan elecciones libres. De lo contrario, como ocurrió con la administración Trump, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones al círculo de poder la dictadura. Han llegado a amenazar con retirar a Nicaragua del tratado DR-CAFTA. En ese sentido, Daniel Ortega se adelantó tomando como rehenes a 5 precandidatos, y a los principales dirigentes de la oposición burguesa.

La situación es muy tensa, porque la dictadura mantiene un control total a lo interno, mientras la reacción de la comunidad internacional sigue demandando que se liberen a los precandidatos y demás prisioneros políticos, y que se den condiciones para unas elecciones libres.

Indudablemente, Ortega presiona para que se le reconozca un nuevo periodo presidencial, que permite hacer las reformas al ritmo y conforme los intereses de la dictadura. En caso contrario, que al menos haya garantías para el y su familia, y que no se atente contra el partido FSLN.

Ataques contra los grupos del gran capital

La escalada de la confrontación ha llegado a niveles nunca antes vistos. Fue detenido José Adán Aguerri, expresidente del COSEP y operador del grupo Pellas. Fue detenido Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de BANPRO. Se inicio un juicio paralelo contra FUNIDES, un centro de pensamiento creado por el grupo Baltodano, que maneja el monopolio de la exportación de café. Gerardo Baltodano tuvo que salir huyendo del país ante el peligro de caer preso. Una buena parte de los fundadores e FUNIDES o están preso o están huyendo.

La dictadura está presionando al grupo Pellas, BANPRO y grupo Baltodano. De la oligarquía financiera, solo queda el grupo LAFISE, que mantiene buenas relaciones con la dictadura.

¿A dónde vamos?

El panorama no está claro. La moneda está en el aire. Ortega presiona para lograr una negociación directa con Estados Unidos, un suavizamiento de las relaciones, como ha logrado Maduro en Venezuela, pero al mismo tiempo aprieta las clavijas y se prepara para reelegirse bajo un proceso electoral cuestionado a nivel nacional e internacional, que de lograr imponerse desatará un periodo de mayor caos e inestabilidad política.

Es posible que a última hora se imponga algún tipo de negociación, y que la dictadura otorgue concesiones parciales para ganar un poco de legitimidad, pero es difíciles hacer análisis y predicciones tomando en consideración el mutismo oficial.