Por Victoriano Sánchez

El pasado 25 de enero, un grupo de más de 26 familiares de presos políticos, ante las duras condiciones de prisión que estos sufren, publico una carta muy conciliadora en la que decían lo siguiente:

“(…) Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes, dispuestos a escucharnos los unos a los otros, para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido (…) La libertad de nuestros presos no es un asunto de preferencias partidarias, ni es una maniobra en una lucha por el poder. Su liberación, más bien, se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras; y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad".

La carta generó más adhesiones de familiares de presos políticos, y un debate en torno a si era correcto participar en un inminente e hipotético Dialogo Nacional, que la dictadura podría convocar en cualquier momento. Muchos sectores manifestaron su oposición a cualquiera negociación con la dictadura. En realidad, esa carta, fue una movida política de algunos grupos de oposición, enarbolando la bandera de la liberación de los presos políticos, con el objetivo de presionar la instalación del Dialogo Nacional, el que había prometido Daniel Ortega, pero que todavía no ha sido convocado.

El impacto político de la carta fue tremendo. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó el llamado conciliador de los familiares. Al día siguiente, La Fiscalía retiró la acusación de lavado de dinero que pesa sobre Jose Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, los lideres del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), lo que se interpretó como un paso hacia adelante para la instalación del Diálogo Nacional. El COSEP emitió un breve comunicado de apoyo a la propuesta conciliadora de los familiares de presos políticos.

El 27 de enero, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, declaro también en un tono bastante conciliador: “Estados Unidos está buscando ver la restauración, por medio de vías pacíficas, de una democracia genuina en Nicaragua (…) No hemos visto ningún tipo de indicación de que el régimen esté interesado en algún tipo de negociación (…) si llegáramos a verla, sería algo bueno y lo apoyaremos”.

Cuando todo parecía indicar que la convocatoria al Dialogo Nacional era inminente, el 1 de febrero la Fiscalía emitió un duro comunicado en que anunciaba el inicio de los juicios penales contra los presos políticos, a quienes calificó de “(…) criminales y delincuentes, que han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creados daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”.

A partir del 1 de febrero se reiniciaron los juicios, que estaban suspendidos por causas de “fuerza mayor”, pero que en realidad obedecían a un cálculo político de la dictadura, la que ha acelerado el paso, condenando en serie a los presos políticos, para presentar hechos consumados en un posible Dialogo Nacional.

La correlación de fuerzas se invirtió a mediados del 2018 y desde entonces la dictadura ejecuta un plan para sostener en el poder, forzando una negociación política a todas luces desventajosa para los grupos de oposición, y sobre todo para los presos políticos y sus familias. Habiendo obtenido una victoria temporal, la dictadura se apresta a negociar en condiciones sumamente ventajosas para ella.

Lo más probable es que, antes de convocar a cualquier negociación o Dialogo Nacional, la dictadura condene a todos los presos políticos para, en el mejor de los casos, negociar un indulto, que perdona la pena principal, pero mantiene las accesorias, que son las inhibiciones políticas contra todos los presos políticos.

Las posibilidades de obtener concesiones democráticas son muy remotas, por el estado calamitoso de la oposición. La dictadura esta, por el momento, jugando a sus anchas. Para revertir esta situación, lo primero que necesitamos es claridad política, y sacar un balance del desastre.