Por Ricardo Patzán

El domingo 11 de abril se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en Ecuador, en la que resultó ganador el candidato de extrema derecha y empresario Guillermo Lasso, con 52.49% de los votos, frente a Andrés Arauz, candidato del correísmo, quien obtuvo 47.51% del balotaje.

En la primera vuelta, celebrada el 7 de febrero se eligió a los 137 miembros del poder legislativo (la Asamblea Nacional de Ecuador), y 5 representantes al Parlamento Andino para el período 2021 - 2025. Ese día cerca del 80% de la población empadronada, unos 13 millones de votantes, emitió su voto, y, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), hubo una abstención del 19.01%, no muy lejana del 18.37% de la anterior elección de 2017. En cuanto a los votos nulos y en blanco, llegaron a un 9.55% y 3.10% respectivamente, un incremento respecto al 7% y 2.7% de 2017. El 11 de abril los votos nulos aumentaron al 16.3%, el porcentaje más alto en una elección desde 2002; los votos en blanco se redujeron al 1.6%.

Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta de los comicios fueron Andrés Arauz, candidato de la corriente política del expresidente Rafael Correa; Arauz obtuvo 32.72% de los votos. Luego de un forcejeo legal que implicó acusaciones de fraude, el CNE otorgó el segundo lugar de la primera vuelta al banquero de derecha Guillermo Lasso, quien obtuvo el 19.74% de los votos, pasando a la segunda vuelta. Este segundo puesto fue disputado por el candidato Yaku Pérez, del movimiento indigenista, quien fue favorecido por el 19.39% de los votantes.

Una situación económica y social explosiva

El proceso electoral 2021 se da en el marco de una grave crisis económica y social. Ecuador es un país que depende fundamentalmente de las exportaciones de petróleo y en segundo lugar de las de banano. La industria petrolera fue nacionalizada a mediados de la década de 1970, y genera un tercio de los ingresos del Estado; la persistente caída de los precios del carburante desde 2014 llevó a la negociación de préstamos con organismos internacionales para sacar a flote las golpeadas finanzas del Estado. La dolarización de la economía a partir del año 2000 ató de manos a los gobiernos, pues no pueden imprimir moneda ni jugar a la devaluación monetaria para aliviar la situación económica. Fue el gobierno de Lenín Moreno (2017 – 2021) el que negoció préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la economía ecuatoriana. Como acostumbra hacer, el FMI impuso como condición para facilitar los fondos un brutal plan de ajustes.

Recordemos que Moreno fue el vicepresidente del último gobierno de Rafael Correa. Éste es un político reformista adscrito a la corriente del “socialismo” del siglo XXI, quien había gobernado desde 2007 impulsando su concepto de “Revolución Ciudadana”, promoviendo programas sociales asistencialistas y exhibiendo rasgos autoritarios, al igual que sus gobiernos aliados en Venezuela y la Bolivia de Evo Morales. Como ha sido la característica de estos gobiernos nacionalistas burgueses (Lula, Chávez, Maduro, Morales, etc.), Correa manejó una doble faceta, con un discurso supuestamente socialista y antiimperialista, pero impulsando un modelo económico que favorece a las multinacionales, especialmente en energía y minería, a la par que se generó una estructura de corrupción entre sus funcionarios. Los proyectos extractivistas provocaron importantes protestas entre los grupos indígenas y populares, que fueron reprimidas. Actualmente Correa vive exiliado en Bélgica, tras haber sido sentenciado en 2020 a 8 años de cárcel por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, al encontrarse que fue parte de una estructura de funcionarios públicos que recibió sobornos de empresas, tanto nacionales como extranjeras, para facilitarles contratos en infraestructura, entre ellas la brasileña Odebrecht.

Al asumir la presidencia en 2017, Lenín Moreno dio un viraje en redondo respecto a las políticas del correísmo, movimiento del cual procedía. La nueva administración contrató préstamos con el FMI que hasta ahora ascienden a US$ 10,500 millones; a cambio, Moreno se comprometió a tomar medidas de austeridad fiscal para limpiar las cuentas públicas, reducir el tamaño del Estado y aumentar el Impuesto al Valor Agregado del 12 al 15%, lo que implicaría inflación generalizada. Como resultado de estas medidas, el empleo efectivo bajó un 1.8%, pasando de 40.6% en diciembre de 2018 a 38.8% en diciembre de 2019; según el Banco Mundial, la población en situación de pobreza pasó del 21.5% en 2017 a 25% en 2019; y en 2019 el crecimiento económico fue de apenas el 0.1%, siendo que en 2012 el PIB creció un 5.4%.

Cuando Moreno decidió eliminar los subsidios a los combustibles en octubre de 2019, el resultado fue una explosiva ola de protestas que tomó las calles de la capital; las movilizaciones involucraron no solo a las organizaciones indígenas que habían adversado a Correa, sino nuevos sectores urbanos como jóvenes y sindicatos. La lucha obligó al gobierno a hacerse atrás en los acuerdos con el FMI, solo para retomarlos más adelante, cuando las aguas se calmaron. La pandemia del Covid-19 empujó la economía más hacia abajo, con una contracción cercana al -9% en 2020. Según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, Unicef, el nivel de pobreza se disparó al 38%, y el de extrema pobreza a cerca del 20%. La deuda pública bordea el 70% del Producto Interno Bruto, y el déficit fiscal es cercano al 8%, según el FMI. En este sombrío panorama deberá asumir el nuevo gobierno.

Los candidatos de la segunda vuelta electoral 

El mayor porcentaje de votos en la primera vuelta lo tuvo Andrés David Arauz Galarza, un economista de 36 años cuya candidatura fue lanzada por la alianza Unión por la Esperanza (UNIES). Arauz pertenece al movimiento Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa. De hecho, en un inicio Correa iba a figurar como candidato vicepresidencial, pero se lo impidió la condena a 8 años de prisión que lo inhabilitó políticamente, lo que llevó a escoger para completar el binomio a Carlos Rabascall. Arauz participa en el Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista, fundada en 2020, y de la que hacen parte Bernie Sanders, el vicepresidente español Pablo Iglesias y el exministro griego de finanzas Yannis Varoufakis. El 32.72% obtenido en la primera vuelta por Arauz es indicador del declive del correísmo, movimiento que en 2013 tuvo el 57.17% y en 2017 el 39.36% del balotaje; al igual que los demás gobiernos del Socialismo del Siglo XXI, el correísmo demostró ser incapaz de solucionar los principales problemas del pueblo ecuatoriano, como la pobreza, el desempleo, la precarización de los puestos de trabajo, la dependencia económica del imperialismo, la destrucción del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres o de la diversidad sexual. El primer lugar de Arauz en la votación se explica por la desastrosa gestión de Lenín Moreno en su intento de retornar al neoliberalismo.

Durante su campaña Arauz prometió entregar un bono de US$ 1 mil a un millón de familias durante su primera semana de gobierno, abrir líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas, financiar por un año parte de las contrataciones de nuevos trabajadores que hagan las empresas y recontratar trabajadores del sector público como maestros y médicos que perdieron sus empleos. Afirma que no está de acuerdo con mantener las condiciones que firmó Lenín Moreno para tener los préstamos del FMI, y planea reactivar el gasto social y suspender las medidas de austeridad impuestas por los financistas. Este gasto se financiaría con préstamos del Banco Central de Ecuador y medidas para incrementar la recaudación fiscal; entre esas medidas estarían la aplicación de un impuesto progresivo a las empresas y la creación de un IVA diferenciado entre los productos que generan empleo en el país y los productos importados. Arauz viajó a Estados Unidos después de la primera vuelta electoral, donde entre otros actores, se reunió con personeros del FMI para negociar las condiciones de los empréstitos, dejando en claro que no tiene la menor intención de desconocer los acuerdos firmados por Moreno con los usureros del Fondo. Durante la campaña por la segunda vuelta Arauz logró el apoyo del dirigente indígena Jaime Vargas, presidente de la CONAIE y de varias centrales sindicales.

El candidato que obtuvo el segundo lugar es Guillermo Lasso Mendoza, postulado por la alianza los de partidos conservadores Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano. Ya fue candidato presidencial dos veces, perdiendo en 2013 frente a Rafael Correa y en 2017 frente a Lenín Moreno. Lasso representa al gran empresariado tradicional, siendo él mismo banquero y empresario, y dio su apoyo a Moreno cuando giró al neoliberalismo. Tiene el mal precedente de haber sido uno de los artífices de la peor crisis financiera del país en 1999, que condujo a la dolarización de la economía. Cercano al Opus Dei, es un acérrimo opositor de cualquier propuesta para despenalizar el aborto y de los derechos de la diversidad sexual, aunque durante la campaña por la segunda vuelta se ha mostrado más moderado en estos temas, para ganar nuevos adeptos. Afirma que va a respetar los acuerdos con el FMI, excepto en el punto del incremento al IVA. Propone duplicar la producción de petróleo para aumentar los ingresos del Estado, crear nuevos puestos de trabajo, incrementar el salario mínimo al US$ 500 mensuales, atraer la inversión extranjera y combatir la corrupción. Su programa económico se basa en medidas neoliberales que favorecen los negocios de las empresas nacionales y extranjeras, como crear empleos flexibilizando las condiciones de contratación, mayor asociación entre el sector público y privado, reducción de impuestos, implementación de zonas francas y entregar la gestión de empresas públicas al sector privado, incluyendo los servicios de salud.

La candidatura indígena de Yaku Pérez

No podemos dejar de mencionar la candidatura que quedó en tercer lugar el 7 de febrero. Se trata de Yaku Pérez (Carlos Ranulfo Pérez Guartambel), lanzado por el partido Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Considerado como una opción de izquierda (aunque realmente su ideología es más bien ecologista y de defensa de los derechos humanos), Pachakutik fue fundado en 1995, y este año logró el mayor número de votos electorales, 19.39% frente al 3% en los comicios de 2013 y 6% en los de 2017. Esto sin duda se debe al protagonismo de las organizaciones indígenas en las protestas de octubre de 2019, que sumaron importantes sectores urbanos, parte de los cuales dieron su voto a Pérez; aunque es claro que el mayor beneficiario de las jornadas de octubre fue el correísmo y su candidato Arauz. Indudablemente Pérez también se benefició del voto de rechazo al correísmo por parte de sectores que no son de derecha, y están descontentos con los aspectos de autoritarismo, descuido de la protección del medio ambiente y desdén por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual durante los gobiernos de Correa. De esta manera, su candidatura fue respaldada por el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y el maoísta Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador.

Sin embargo, hay que recordar que en 2019 la dirección de la CONAIE no llevó la lucha hasta sus últimas consecuencias, negociando las medidas económicas con el gobierno de Moreno, e impidiendo su caída. Esta claudicación de las organizaciones indígenas dio un respiro al régimen, que luego de recuperarse, retomó los planes de ajuste acordados con el FMI. Yaku Pérez también tiene como antecedente haber apoyado la candidatura de extrema derecha de Lasso en las elecciones de 2017 contra el correísmo, y de haber avalado el golpe de estado en Bolivia contra Evo Morales y el golpe institucional en Brasil contra Dilma Rousseff. El programa político adoptado por Pachakutik en 2020 propone un capitalismo humanizado y regulado, basado en el acuerdo entre las clases. Durante su campaña Pérez hizo propuestas como la promoción de los bancos extranjeros para reducir las tasas de interés o la eliminación de impuestos a la importación de maquinaria agrícola y nunca cuestionó los acuerdos firmados por Moreno con el FMI, proponiendo la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos. Además, afirmó que no piensa anular los acuerdos firmados con empresas petroleras o extractivas, sino hacer que se respeten las disposiciones que protegen el medio ambiente. Habló también de lograr un acuerdo para un plan de desarrollo nacional con las multinacionales y las empresas bancarias, que sea transparente y sin corrupción.

Al interior de la CONAIE hay fuertes diferencias internas, que ya se manifestaron en 2020 en el proceso de elección de la candidatura. Aquí Yaku Pérez se evidenció como la opción más conciliadora, que hace llamados a la “unidad nacional” incluyendo a los neoliberales, frente a dirigentes situados más a la izquierda, como Leónidas Iza y Jaime Vargas, protagonistas de las jornadas de octubre. Se tenía previsto un proceso de elecciones primarias con la postulación de varias candidaturas, sin embargo, al final Pachakutik impuso la candidatura de Pérez. Después de la primera vuelta Pachakutik hizo el llamado al voto nulo, rechazando las opciones de Arauz y Lasso. Sin embargo, el 3 de abril el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció su respaldo a la candidatura de Arauz, siendo calificado de traidor. Por otro lado, la excandidata vicepresidencial de Yaku Pérez, Virna Cedeño, anunció su apoyo Guillermo Lasso.

La nueva composición del legislativo

El recién electo gobierno de Guillermo Lasso tendrá que lidiar con una Asamblea Nacional sin una bancada mayoritaria, que requeriría de al menos 69 diputados. El partido de Arauz, UNES, obtuvo 49 asambleístas, un 36%; el partido Pachakutik, ganó 27 puestos en la Asamblea, el 20%; el Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática lograron 18 asambleístas cada uno. La nueva administración deberá concertar alianzas con los partidos más afines para poder pasar las leyes necesarias para implementar su plan de gobierno.

Unidad contra el neoliberalismo

El nuevo gobierno se perfila como una continuación del neoliberalismo de Lenín Moreno que ha llevado al país a la debacle económica y social. Las organizaciones de trabajadores, indígenas, jóvenes, mujeres deberán preparar acuerdos unitarios para enfrentar las medidas de la administración Lasso, que ya anunció que continuará los acuerdos con el FMI y planea enfrentar la crisis económica con más inversión privada, especialmente en la minería.