Por José René Tamariz

En Costa Rica existen dos tipos de regímenes de pensiones: los básicos y el obligatorio complementario. Entre los regímenes básicos se encuentran el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS; el de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) y de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional (RCC), cuyo gestor es la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA); el del Poder Judicial administrado por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y de Cargo al Presupuesto Nacional que dirige la Dirección Nacional de Pensiones. El régimen obligatorio de pensiones (ROP) es administrado por las denominadas Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) que está integrada por seis: la OPC del Banco Nacional, la OPC del Banco de Costa Rica, la OPC del Banco Popular, la OPC del Banco de América Central (BAC), la OPC de Vida Plena del Magisterio Nacional y la OPC de la CCSS.

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS

Creado en el año 1947 y actualmente cotizan a ese régimen 1.7 millones de trabajadores, unos 74 mil patronos y el Estado. Los primeros aportan el 4,17% de sus salarios, los empresarios el 5,42% de los salarios de sus empleados y el Estado aporta el 1,57% de todos los cotizantes. El requisito para pensionarse es tener 65 años y 300 cuotas aportadas, aunque todavía está vigente la posibilidad de retiro anticipado que será eliminado con las reformas que entran a regir en enero del año 2024.

Para finales del año 2022 existían 330.670 mil pensionados. El 64% de esos pensionados reciben un monto miserable por pensión, menor a los ₵200.000, lo cual significa que viven en la miseria, la pobreza y degradación social. El fondo de reserva del IVM ronda los ₵3 billones de colones cuando debería estar en unos ₵58 billones si los gobiernos de turno hubieran pagado y honrado puntualmente las deudas que arrastran por décadas con ese régimen de pensiones.

Con las reformas draconianas, antidemocrática y anti obrera que se aprobaron a finales del año 2021 y que entraran a regir en enero del año 2024, la situación de miles de nuevos pensionados será peor y degradante que la actual. Veamos.

En primer lugar, se eliminarán las pensiones anticipadas tanto para hombres como mujeres. Con esa draconiana reforma, las mujeres se van a pensionar a los 63 años y no a los 59 años y 11 meses (450 cuotas), mientras que los hombres se pensionaran a los 65 años y no los 62 años y 11 meses (462 cuotas). Por ende, aquellos trabajadores que tenían expectativas de pensionarse a los 60 y 63 años no lo podrán hacer.

La segunda reforma anti obrera consiste en que, actualmente, la pensión se calcula con base en el promedio de los 240 mejores salarios o 20 años y con la reforma se deberá calcular con base en los 300 últimos mejores salarios de 25 años. Lo anterior significa que el cálculo disminuye porque se tomaran en cuenta salarios más bajos de cinco años más. Además, la cuantía del 1% adicional por cada año trabajado pasará de otorgarse de 20 años a 25, lo cual representará una pérdida para los nuevos pensionados entre un 5% y 7% del monto de sus pensiones. Sin embargo, el monto de la reducción de las nuevas pensiones va a ser mayor para miles de trabajadores a los cuales se les redujo sus salarios hasta en un 75% por efectos de la pandemia, el congelamiento salarial de muchos años y la inflación galopante que existe actualmente.

Propuestas y Lucha Por las Pensiones del IVM

El movimiento sindical (federaciones, sindicatos y bloques sindicales) y social debe presentar un plan de lucha para enfrentar y evitar que las reformas draconianas, anti obrera y antidemocrática del régimen de pensión del IVM se hagan efectivas en enero del año 2024. Asimismo, se deben hacer propuestas para mejorar la pensión de miles de trabajadores que viven en la pobreza y miseria. Se propone:

1. Exigir que el monto mínimo de las pensiones debe ser el 80% del salario mínimo establecido por ley.

2. Destinar el 3% del IVA a las pensiones y del impuesto a los combustibles.

3. Imponer un tributo a las empresas de comida chatarra, gaseosas y licores para financiar las pensiones.

4. Impuesto a las zonas francas para destinar un porcentaje a las pensiones.

5. Incrementar el número de cotizantes del IVM mediante la afiliación de miles de trabajadores informales y el aumento de nuevos trabajadores a través la implementación de un plan de obras públicas que le dé trabajo a los desempleados. Para el financiamiento de ese plan de obras públicas se podría utilizar el gigantesco fondo del régimen obligatorio de pensiones (ROP) en vez de tenerlos en el extranjero.

 El RTR y el RCC del Magisterio Nacional

El régimen transitorio de reparto (RTR) del magisterio nacional tiene 45.378 pensionados y 3.572 trabajadores en servicio. Los pensionados reciben el 80% del salario de referencia  que es el promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 60 meses. El requisito para pensionarse es haber cotizado 400 cuotas. Es importante señalar que ese régimen ya está cerrado. Este régimen es a cargo del presupuesto nacional, ya que el Estado nunca creo el fondo para su sostenimiento, sino que las cotizaciones fueron consumidas para otros fines. Lo anterior constituyó una gran estafa del Estado en contra de los trabajadores de la educación.

El régimen de capitalización colectiva (RCC) cubre a los trabajadores de la educación que ingresaron a laborara a partir del 15 de julio del año 1992. El requisito para jubilarse con ese régimen es tener 55 años y 1 mes con 396 cuotas (33 años de servicios) y hasta 65 años con 180 cuotas. En este régimen existe una tabla para pensionarse que contempla varias opciones. El monto de la pensión es del 60% del salario de referencia, el cual es el promedio de los últimos 240 salarios reportados a valor presente más el 0,1% de dicho salario por cuota adicional después de los 20 años. Es importante destacar que, producto de la derrota de la gran huelga de educación del año 1995 que duró cinco semanas, el monto de las pensiones en el magisterio nacional pasó del 80% del salario de referencia a 60% del nuevo salario de referencia que se mencionó anteriormente.

El RCC tiene actualmente 105.676 trabajadores de la educación en servicio, tanto del sector público como privado y apenas 4.167 pensionados. El fondo de reserva del RCC es aproximadamente de ₵4,3 billones a setiembre del año 2022. Por todo lo anterior, debemos mencionar que el RCC es un régimen relativamente nuevo y sano financieramente. Asimismo, debido a que tiene pocos trabajadores pensionados no tiene mucha presión por el pago de pensiones como lo tiene el IVM. Sin embargo, se hace necesario mencionar que, en los próximos años, en unos cinco o diez años, se pensionaran miles de trabajadores de la educación con ese régimen y, entonces, el régimen tendrá nuevas presiones para financiar a miles de nuevos pensionados. De último, es importante señala que la reforma a la ley del RCC que permite invertir en el extranjero hasta el 20% del fondo billonario podría generar futuras pérdidas futuras en el mercado internacional, ya que como se sabe los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias han tenido grandes pérdidas. La inversión realizada por JUPEMA en el extranjero el año pasado, en medio de posibilidades de una recesión internacional, lejos de tener ganancias para los cotizantes y pensionados podría ser desastroso.