Por José Rene Tamariz

En las últimas semanas se ha agudizado el conflicto entre el poder Ejecutivo con el poder Judicial y el poder Legislativo, así como contra el ministerio Público por diversas acciones. El allanamiento del ministerio de Salud por el caso del Parque Viva; la detención de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel y otros directivos de esa institución, por parte de la Fiscalía en el mes de septiembre por investigación del caso de corrupción denominado “Barrenador”; la aprobación por parte de la mayoría de los diputados de abrir una investigación de posibles nexos del gobierno con el crimen organizado y otras diferencias irreconciliables entre esos poderes de la República e instituciones. En todo esos casos o acontecimientos hubo una reacción airada y virulenta, así como de amenazas por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en contra del ministerio Público, el fiscal general, Carlo Díaz, jueces y diputados.

Los conflictos inter burgueses y entre poderes del Estado han existido en diversas administraciones. Los hubo en el gobierno de Oscar Arias contra el grupo La Nación y UCCAEP, también se produjeron esos conflictos en el gobierno de Carlos Alvarado con el poder Judicial alrededor de la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Sin embargo, el conflicto actual entre el poder Ejecutivo, encabezado por Chaves, y los demás poderes del Estado y otras instituciones públicas es inédito, agresivo y totalmente diferente a los anteriores. Cada vez, aumenta los ataques y acusaciones mutuas con posibilidades, incluso, de llegar a agresiones físicas. Analicemos las cuestiones de fondo que existen detrás de esos conflictos entre los poderes del Estado y de poder Ejecutivo con otras instituciones estatales.

Los Roces y Contradicciones Inter burguesas

Rodrigo Chaves es un tecnócrata que fue durante mucho tiempo alto ejecutivo del Banco Mundial, que vivió por muchos años en el extranjero. No tuvo ni ha tenido vinculo ni militancia política con los partidos políticos tradicionales ni emergentes. Tampoco ha estado vinculado a un grupo económico antes de su llegada definitiva a Costa Rica en el año 2019, cuando fue ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado. Chaves deja el cargo de ministro por diferencia con Alvarado en mayo del 2020. Y en mayo de 2022 asume la presidencia de la República. Es decir, en términos de dos años logra una verdadera hazaña política, utilizando de forma habilidosa al desconocido Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se convierte en candidato a presidente de la República y, mediante una campaña política anti sistémica, logra ganar en segunda ronda electoral la presidencia de la República. Sin embargo, a nivel de la Asamblea Legislativa su logro es raquítico, ya que sólo logró obtener diez diputados, convirtiéndose en una minoría parlamentaria.

Rodrigo Chaves, como un personaje díscolo e incontrolable, siendo candidato no contó ni cuenta con el apoyo de los grupos de poder oligárquicos y tradicionales, los cuales intentaron por diferentes medios y campañas, ya sea de acoso sexual de Chaves en el Banco Mundial y otras, descalificarlo e impedir su ascenso al poder Ejecutivo. No obstante, los distintos esfuerzos de los grupos de poder por impedir el ascenso de Chaves, éste logra ganar la presidencia de la República por diferentes razones, desprestigio de los partidos tradicionales y del PAC por aplicar el salvaje plan de ajuste fiscal en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias, descontento de las masas por sus condiciones de pobreza, miseria y desigualdad con los gobiernos anteriores. Por tanto, Rodrigo Chaves, asciende al poder en contra de las campañas mediáticas de los diversos grupos de poder económico oligárquico y financiero, tales como los Jiménez del grupo La Nación, los Baruch de Cr. Hoy, los Picado de Teletica y otros.

Rodrigo Chaves, durante el proceso electoral y después de asumir la presidencia de la República, logra construir su grupo político y económico con nuevos personajes en la escena política como Pilar Cisneros y viejos miembros de los grupos de poder económico y de los partidos políticos tradicionales.  Sin duda alguna, Rodrigo Chaves, actualmente constituye un nuevo grupo económico y político emergente, desligado del viejo sistema institucional y de partidos políticos al cual adversa y pretende eliminar para poder controlar, sin oposición, los poderes del Estado y la institucionalidad pública del país. Por otra parte, es importante destacar que Chaves al derrotar electoral y políticamente a todos los partidos tradicionales y emergentes se envalentonó y haciendo uso de sus características autoritarias y mesiánicas ha pretendido -pretende- por diversas vías evadir o cambiar, aunque sea parcialmente, el régimen político existente.

Los Límites del Régimen Presidencial

El régimen presidencialista en Costa Rica tiene serias limitaciones para su funcionamiento y realización, por parte del poder Ejecutivo, de sus diversos proyectos, ya sean económicos, sociales y políticos. Los contrapesos creados para contrarrestar el peso del poder Ejecutivo desde la Constitución Política de 1949, así como la creación de la Sala Constitucional en 1989 y la múltiple institucionalidad pública creada hasta la fecha son muy fuertes y grandes, limitando seriamente las acciones y desarrollo de la presidencia de la República. Veamos esas limitaciones.

De acuerdo con el informe del Estado de la Nación “… el índice de concentración del poder en el Ejecutivo, que combina dos variables: la naturaleza jurídica de las instituciones y su fuente de ingreso (independencia de iure e independencia material), Costa Rica es el país que más bajo puntúa en Centroamérica (42,7 en una escala de 0 a 100). Ello refleja que buena parte de su aparato público tiene protección legal e independencia material frente a la política partidista. En este caso, el problema no es tanto la presencia de un actor dominante, como en el resto de la región, sino lo contrario: la presencia de múltiples y poderosos actores institucionales con capacidad de veto, que complican la gestión pública”. (Informe del Estado de la Nación, 2014: 297). Dentro de esas instituciones se encuentran “… 6 poderes u órganos constitucionales, 19 ministerios o comisiones del Poder Ejecutivo, 102 agencias adscritas a otras entidades, 81 entes descentralizados, 45 entes públicos no estatales y 23 entes particulares”. (Ídem)

Ahí, como parte de esa institucionalidad, se encuentra la Asamblea Legislativa y el poder Judicial con amplios poderes; la Sala Constitucional con suprapoderes que, frecuentemente, arbitra los conflictos entre los poderes del Estado y la diversas instituciones y entre estos y la ciudadanía; la Contraloría General de la República (CGR), órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, que tiene rango constitucional con amplio poderes en la fiscalización y controles de los presupuestos, ya sea del Presupuesto Nacional de la República y de las múltiples instituciones estatales, tanto en la ejecución de proyectos como en el manejo de dichos fondos públicos.

Las intentonas, propuestas y medidas de Rodrigo Chaves para romper el cerco y las limitaciones que tiene el poder Ejecutivo para la realización de sus diferentes proyectos y acciones, así como en la ejecución de su gestión pública se han encontrado con fuerte oposición, resistencia y rechazo por parte de poderes constitucionales y de la institucionalidad existente.

En esa línea se enmarca la objeción por parte de la Contraloría General de la República (CGR) de la contratación de escáneres antidrogas a través de RACSA y de la realización del proyecto de Ciudad Gobierno; el caso del cierre del Parque Viva propiedad del diario La Nación por parte del ministerio de Salud y la posterior sentencia de la Sala IV que anula la orden sanitaria de cierre de ese parque porque consideró dicho cierre como una “censura velada” y “una violación indirecta a la libertad de expresión”; las dos sentencias de la Sala Constitucional sobre las versiones 1.0 y 2.0 de “la ley jaguar” que las declara inconstitucionales por querer reducir y eliminar la fiscalización y los controles por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en la realización y ejecución de proyectos; la detención por parte de la fiscalía de la presidenta de la CCSS y otros directivos por la aprobación de varios contratos de tercerización de servicios de salud con cooperativas que tienen sobreprecios para favorecer a esas empresas. Y, así sucesivamente, existen otros casos de choques y enfrentamientos entre el poder Ejecutivo con otros poderes del Estado e instituciones públicas.

La Batalla de la Oposición Burguesa y Reformista Contra Chaves Y Viceversa

Rodrigo Chaves y su facción política derrotó electoral y políticamente a los partidos políticos burgueses que están dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, así como al reformista Frente Amplio (FA). Chaves sabe que, para seguir avanzando en la ejecución, desarrollo e implantación definitiva de su proyecto político de tipo bonapartista a la tica, sin ejército que lo apoye y respalde, debe aspirar a ganar las próximas elecciones del 2026, mediante su eventual candidato presidencial sucesor y ganar la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, lo que le permitiría realizar las reformas constitucionales que modifique el régimen político existente para poder controlar los poderes del Estado y la amplia institucionalidad pública. Se especula entre corrillos que Chaves ha considerado, renunciar a la presidencia de la República, para postularse como candidato a diputado. Ese sería un hecho inédito en la política nacional, aunque según algunas versiones de abogados constitucionalistas esa posibilidad es inviable, desde el punto de vista constitucional.

La oposición burguesa y reformista del FA se dan cuenta de las ambiciones políticas de Rodrigo Chaves y su facción la cual de forma repetida le han advertido que les van a “pasar la factura”. Las dirigencias de esos partidos políticos se encuentran temerosas y nerviosas del futuro y próximo proceso electoral.

Mientras que para ese proceso aún falta cierto tiempo, ya que el próximo año es electoral, la oposición burguesa y reformista hacen mancuerna política para enfrentar las embestidas de Rodrigo Chaves y su facción. Esa mancuerna entre los partidos burgueses y reformista la extienden a la amplia institucionalidad utilizando, en contra de Chaves y de su proyecto político, los amplios poderes y suprapoderes institucionales para bloquear e impedir que el poder Ejecutivo pueda realizar y ejecutar sus diversos proyectos que lo fortalezca de cara a las elecciones del 2026.

Por su parte, Rodrigo Chaves y su facción al sentirse bloqueado e impedido de poder realizar sus proyectos y medidas, cada vez más, aumenta sus niveles de ataques, enfrentamientos y amenazas en contra de la oposición burguesa y reformista, así como en contra de las personas como el fiscal general, jueces y otros funcionarios públicos. Incluso, al parecer esos enfrentamientos y amenazas han escalado a niveles de supuestos espionaje y amedrantamientos. Según versión del fiscal general, Carlo Díaz, gente en carros del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), lo han estado espiando en las afuera su casa para intimidarlo. Por otro lado, seguidores del chavismo, ya sea mediante vídeo o correos electrónicos han amenazado de muerte las diputadas del FA y del PLN, Sofía Guillén y Andrea Álvarez, respectivamente.

En esa misma línea se inscribe, por parte del gobierno de Chaves, la publicación de un vídeo en donde aparece el ministro de Seguridad, Mario Zamora, acuerpado por los jefes de los diferentes cuerpos policiales y en el cual todos intervienen pidiendo respeto por las fuerzas policiales y, algunos de ellos, ataca a una diputada. Ese es un hecho inédito, ya que las fuerzas policiales, según la Constitución Política, en su artículo 12 señala que “… no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”. Algo parecido sucedió en el gobierno de José María Figueres cuando las fuerzas policiales rodearon la Asamblea Legislativa. Es evidente que, si en Costa Rica existiera ejército, lo más probable es que Chaves ya hubiera asaltado la Asamblea Legislativa.

¿Hacia Dónde va el Conflicto entre Poderes del Estado?

Dado que en Costa Rica no existen fuerzas armadas el conflicto entre poderes del Estado no se puede dirimir mediante el asalto de tropas a las instituciones. Las amenazas de Chaves de utilizar la movilización de sus bases para contrarrestar a la oposición burguesa y reformista no han pasado de ser solo amenazas verbales, ya que, en realidad, el chavismo no ha demostrado una gran capacidad de convocatoria y movilización de masas.

Entonces, lo más probable es que en el tiempo que le falta al gobierno de Chaves, un poco más de un año, el conflicto entre los poderes del Estado y la institucionalidad pública, se incremente en los ataques, acusaciones y recriminaciones de cara al proceso electoral del 2026 que, prácticamente, comienza el próximo año 2025. Al final, dicho conflicto se va a dirimir en las urnas, aunque no será su final, ya que aún están por verse la reconfiguración del poder Ejecutivo y Legislativo con base en los resultados de dicha elección.