Por José René Tamariz

El déficit fiscal es un problema estructural que los diferentes gobiernos de turno lo arrastran desde los años 50. Segú el economista Villasuso “El déficit fiscal ha sido una constante en Costa Rica desde la década de los cincuenta. Actualmente… Durante la década de los noventa el gasto del gobierno como porcentaje del PIB representó en promedio el 19,3% mientras que los ingresos tan sólo el 15,4%”. (Villasuso, Juan Manuel: Reformas Estructurales y Política Económica en Costa Rica. Mayo de 2000). Por ejemplo, si se analiza la serie de datos de los déficits fiscales desde el año 1980 hasta el año 2023, es decir, 43 años, solamente se observan superávit en dos años, 2007 y 2008, durante la administración de Abel Pacheco. En los últimos años 2021, 2022 y 2023 los déficits fiscales fueron del 5,18%, -2,81% y -3,3%, respectivamente. Se prevé que para el presente año 2024 ese déficit pueda llegar al 3,7% superior al del año pasado.

Causas del Déficit Fiscal y Favorecimiento al Capital

El histórico y grave problema del déficit fiscal que viene desde los años 50 es una vieja cuestión estructural que los gobiernos de turno y las clases dominantes no han logrado resolver, sino que, cada cierto tiempo, lejos disminuir ese déficit aumenta. De forma simple se dice que el déficit fiscal es la diferencia que existe entre mayores gastos que ingresos por parte de un gobierno. Sin embargo, las causas de ese déficit fiscal están vinculadas a diversos factores, entre otros, a la estructura tributaria injusta y regresiva que existe en donde los impuestos directos disminuyen para favorecer al gran capital nacional y transnacional, mientras que los impuestos indirectos o consumo aumentan. En ese juego y rejuego, siempre hay ganadores y perdedores.

Entre los años 80 y 90, los gobiernos de turno, redujeron los impuestos a las exportaciones del Estado para favorecer a los exportadores, asimismo también disminuyeron el impuesto sobre la renta a los capitalistas y, simultáneamente, se incrementaron los impuestos sobre las ventas. Veamos. Los impuestos a las exportaciones pasaron del 24% en el año 1983 al 1,26% en el año 1997, en tanto que el impuesto sobre la renta pasó del 22,61% en el año 1983 al 17,73% en el año 1997. La reducción de ambos impuestos significó una disminución porcentual de 27,62%. Semejante reducción de ambos impuestos en la estructura tributaria trajo como consecuencia un proceso de endeudamiento creciente por parte de las administraciones de turno para compensar esa gran pérdida.

Ganadores y Perdedores del Ajuste Fiscal

¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de ese proceso de ajuste fiscal? De acuerdo con algunas fuentes “Zúñiga Chaves (1999) concluye que como consecuencia de la estrategia de desarrollo seguida a la luz de los PAEs ejecutados en Costa Rica, los asalariados son los que están pagando los impuestos que recauda el fisco, hay una exoneración importante a las exportaciones, una reducción importante al impuesto sobre la renta, una insignificante recaudación por concepto de impuesto a la propiedad, una disminución relativa en los impuestos a las importaciones y el comercio exterior. La moraleja de Zúñiga es que al final del siglo XX: los sectores dinámicos (exportadores, comerciantes, banqueros y grandes preceptores de rentas en general) definitivamente no están pagando la parte que les corresponde por la riqueza que generan, son los asalariados los que cargan el peso de la financiación estatal. A todo lo anterior habría que agregar la ineficiencia en la recaudación, así como la tan denunciada y nunca enfrentada evasión fiscal”. (Molina Osegueda, Carlos: Política Fiscal y Gobernabilidad en Costa Rica y El Salvador. Ediciones Perro Azul, Costa Rica, 2006.).

Aumento Progresivo de la Deuda Pública

Por otra parte, como consecuencia de ese déficit fiscal y para compensar las reducciones de los impuestos al gran capital, las administraciones de turno, en ese período considerado, recurrieron a endeudar al país. Para el año 1985, la deuda pública representó el 24,7% del PIB, mientras que para los años 1990 y 2000 esa deuda aumentó al 27,1% y el 36,3%, respectivamente. Por tanto “Este déficit se vuelve relevante si lo analizamos por el lado de la deuda del gobierno central y si se considera lo que representa el pago del servicio de la deuda (capital más intereses) en el total del gasto. La transformación en los años noventa de deuda externa a deuda interna ha llevado a que el monto de los intereses que el gobierno debe pagar a los tenedores de bonos a nivel nacional se haya incrementado notablemente y la participación del pago de la misma en la estructura del gasto público se torne políticamente muy sensible”. (Molina, 2006: 137).  

En años recientes, principalmente, en las últimas administraciones de Arias, Chinchilla, Solís y Alvarado la deuda pública pasó desde un 28,1% del PIB (2010) hasta un 68,6% (2021).  Durante la administración de Rodrigo Chaves la deuda pública ha sido la siguiente: en el año 2022 fue del 63,78% del PIB y en el año 2023 se ubicó en el 61,1%. Por otro lado, el gobierno de Guillermo Solís, para supuestamente, reducir el déficit fiscal, propuso la denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, mejor conocida popularmente como “Combo Fiscal”. Posteriormente, en el año 2018 el gobierno de Carlos Alvarado, recién instalado, en medio de una gran huelga nacional de tres meses, logró imponer y aprobar dicha ley para aumentar los impuestos. De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación “La aprobación de la reforma fiscal en el 2018 amplió la base impositiva con la transformación de un impuesto de ventas a uno de valor agregado que consideraba los servicios e incrementó el pago de algunos impuestos en materia de renta y utilidades. Estas modificaciones permitieron aumentar la base contributiva, ampliación que permitió que los ingresos pasaran de representar un 14,7% a 16,2% del PIB…”. (Estado de la Nación, 2023, página 145 y 146).

Asimismo, en ese mismo “Combo Fiscal”, se aprobó la denominada “regla fiscal” que se transformó en una norma constitucional y la cual impone restricciones y límites severos al gasto público cuando la relación deuda pública es igual o superior al 60% del PIB. La aplicación del “combo fiscal” y su draconiana “regla fiscal” ha conllevado a la aplicación de un salvaje plan de austeridad con grandes reducciones al gasto social, la congelación de los salarios de forma permanente a los trabajadores del sector público y otros males sociales.

Aumento del Déficit Fiscal y Reducción de los Ingresos por Impuestos

Sin embargo, ese ajuste fiscal presentado como una gran solución a los problemas estructurales del déficit fiscal y la deuda pública, actualmente, dan muestra de un gran agotamiento, ya que el déficit fiscal después de disminuir al 2,81% en el año 2022 ha comenzado a subir en el 2023 y se prevé que siga aumentando en el año 2024 como se apuntó al inició de este artículo. De acuerdo con informaciones periodísticas “El Ministerio de Hacienda confirmó un deterioro en las cifras fiscales en la actualización con corte a agosto del 2024. Según esta, el déficit fiscal está subiendo como consecuencia del aumento en los gastos y los intereses de la deuda pública, al tiempo que se desacelera la recaudación de impuestos”. (La Nación, 14 de octubre de 2024). Igualmente, el superávit primario bajó del 1,94% del PIB en el mes de agosto del año 2023 al 0,9% en el mismo mes del 2024. Entre los factores que han provocado el aumento del déficit fiscal se encuentran, entre otros, la menor recaudación del impuesto sobre la renta en el régimen definitivo, producto del bajo crecimiento económico de dicho régimen y la bajísima inflación.

En relación a la disminución del impuesto sobre la renta en el régimen definitivo, Rolando Charpentier, director general del Grupo Vical y vicepresidente de la Cámara de Industria plantea que “La recaudación del impuesto sobre la renta que proviene de personas jurídicas (las empresas) también es menor. No debe extrañar, puesto que las empresas del régimen definitivo industrial, en los últimos diez años, crecieron solamente un 0,5% como valor agregado de la industria manufacturera. Si los que pagan impuestos se estacan económicamente, igualmente lo harán los impuestos que recauda el gobierno”. (La Nación, 11 de septiembre de 2024). También señala que las exportaciones de ese régimen decrecieron un 1,7% en el primer semestre del 2024 con respecto al 2023. Más adelante, este empresario sostiene que “El valor real de la industria manufacturera del régimen definitivo representó en el 2015 un 76,5% y en lo que va del año alcanza un 50,2%, es decir, tenemos una caída del 34,37%, o, dicho de otra forma, el régimen definitivo se está encogiendo, lo cual explica que año tras año se le complique más al Estado conseguir los ingresos que necesita”. (Ídem).

En otra parte, ese capitalista se queja de que el régimen definitivo no recibe estímulos por parte de los gobiernos y critica que se permita que empresas de ese régimen migren al régimen especial o zonas francas para no pagar impuestos.

¿Cuándo Disminuirá la Deuda Pública?

Por otra parte, en relación a la previsión de disminuir el porcentaje de la deuda pública a menos del 60% que se tenía previsto para el año 2025, tanto el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, como el presidente del Banco Central, Roger Madrigal, sostuvieron por separado “que parece que se llega a menos del 60% en el 2026”. Por tanto, según la regla fiscal, una vez que la relación deuda/PIB sea menor a ese 60% habría que esperar que pasen dos años más para no aplicar esa regla y, por ende, se podrían aumentar el gasto público y dar reajustes salariales al sector público. No obstante, también habrá que esperar cómo evoluciona la economía nacional con la asunción al poder de Trump en los Estados Unidos en el 2025.

Por otro lado, los dineros que se pagan por concepto de deuda pública son bien altos y estrujan grandemente el presupuesto de la República. Por ejemplo, en el año 2024 se pagan $1.810 millones y en el año 2025 se pagarán aproximadamente $4.962 millones. Es importante señalar que para el año 2023 la deuda pública ascendía a $52.874 millones. La deuda pública se incrementó en 16,54% en 2023, bajo la administración Chaves, respecto al año 2022.

¿Cuáles deben ser las Medidas para Reducir el Déficit Fiscal y la Deuda Pública?

Para reducir de manera significativa tanto el déficit fiscal como la deuda pública proponemos realizar las siguientes medidas:

1. Eliminar las grandes exoneraciones que tienen las empresas de zonas francas, sean nacionales y transnacionales, tales como el impuesto sobre la renta, las materias primas, la maquinaria y equipo, la importación de vehículos, el valor agregado y consumo. Es necesario señalar las zonas francas son reconocidas como el “régimen especial” y es el más dinámico en cuanto al crecimiento económico, representando apenas el 15,2% de la producción y el 13% del empleo total.

2. Aumentar el impuesto al capital privado.

3. Gravar con impuesto a los ultrarricos de Costa Rica que son dueños o accionistas mayoritarios de diversas empresas.   

4. Combatir la evasión y elusión fiscal que para el año 2021 era del 5,6% del PIB, o sea, unos ₡2.5 billones.

5. Declarar una moratoria del pago de la deuda pública. Negociar con las instituciones públicas que son poseedoras de bonos de deuda con el gobierno para disminuir, poco a poco, el pago de dicha deuda. Algunas instituciones que generan ganancias importantes, tales como el INS, podrían hacer condonación de dicha deuda.