Por: Alberto Castro.

Tras la exitosa envergadura alcanzada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2016 por su participación en el caso ‘’Cooptación del Estado en Guatemala’’, que hizo caer al Gobierno de Otto Pérez Molina, obtuvo prestigio tal que, en el Triángulo Norte, aparecieron vociferadores en pro de una tanto en El Salvador como en Honduras.

La historia es ya conocida, paralelamente bajo dirección de Washington e intervención directa de la Organización de Estados Americanos (OEA), se fundó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en enero de 2016 que fue disuelta en 2020; y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que fue contenida durante el Gobierno FMLN-Cerén, dando lugar a que se volviera una de las grandes promesas en la campaña electoral de Nayib Bukele, quien como Presidente el 6 de septiembre de 2019 le dio vida mediante un convenio entre su Gobierno con la OEA, tres meses más tarde, el 9 de diciembre la Fiscalía General de la República, junto al Comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, firmaron un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica. A veintiún meses de su fundación, la CICIES ha sido abortada por el mismo Gobierno y Fiscal General de la República, quien es su lacayo, lo insólito es que el rompimiento se da justamente después que está empezara a destapar ilícitos cometidos por el Gobierno.

El 2020 fue el primer año de la pandemias donde se dio el confinamiento que duró casi tres meses, donde hubieron actos flagrantes  de corrupción como el de  Koky Aguilar, y otros probables de los que fue avisada la Fiscalía, en abril de 2021 el Comisionado Ochaeta, dio a conocer que el número de posibles actos de corrupción llegaba a doce en cinco carteras del Estado, en el mismo mes fue anunciada una contribución por dos millones de dólares por parte de EEUU.

¿La CICIES de Bukele o la CICIES de la OEA?

Al momento de darle vida a la CICIES, Bukele pasó página a las criticas aduciendo que solamente los corruptos eran opositores a su creación, ahora sus palabras pesan sobre si mismo, tal y como mantiene bajo su control la mayor parte del aparato estatal, su visión en un inicio era poder utilizarla como medio de persecución política hacia sus adversarios, y que le transparentara su imagen en la opinión pública nacional e internacional, es decir como un instrumento LAWFARE que al mismo tiempo le cubriera las espaldas.

La naturaleza de este tipo de institución es que por medio de un Convenio Internacional se da vida a la Comisión ad-hoc con carácter investigativo y amplias facultades de persecución legal en aquellos actos de corrupción dentro del aparato de Estado, que permita el desmantelamiento de los posibles nexos entre funcionarios y/o empleados públicos con el crimen organizado, etc, pero sobre todo con función autónoma respecto al Estado no obstante bajo lineamientos externos, algo incompatible con el proyecto bonapartista de Bukele.

Después de darse el rompimiento del Gobierno y la Fiscalía con la OEA, en un comunicado oficial de la Secretaria General de la OEA, denunció públicamente que el Gobierno salvadoreño intentó utilizar a la CICIES contra la oposición y para cubrir su propia corrupción, esta declaración denota el fin ineludible del convenio, es momento oportuno para analizar con seriedad la experiencia dejada por la CICIES, de cuyo restos sin dudas  Bukele creará otra hecha a su medida, sin nadie que lo señale sino que le sirva enteramente.

La burocracia y la corrupción estatal

El uso propagandístico de la lucha contra la corrupción ha resultado ser una de muchas demagogias de Bukele y su discurso de justicia es pura hipocresía, sobre los grandes problemas que padece la clase trabajadora y pueblo salvadoreño como son los problemas con las pensiones, agua, seguridad, etc, no ha dicho sino expresiones fútiles, más aun ha entorpecido mejoras y mejoras en dichos temas.

No nos dejemos embaucar dejándonos arrastrar por lineamientos de las esferas burocráticas internas y externas, en su lugar comprendamos que luchar contra la corrupción implica afrontar la lucha por dejar de ser meros espectadores y dar paso a luchar por lograr espacios de control de trabajadores de las instancias que ha día de hoy están en manos de quienes se alinean en el discurso anticorrupción sin embargo se lucran de los recursos del Estado en beneficio propio.