Por Frandav Lifú

Con el nombre de “Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexo” fue anunciada la estrategia para contrarrestar el alto nivel delincuencial experimentado en el país, principalmente en las últimas semanas.

Sin duda alguna que, es la población común y corriente la más sufrida con el alto grado de inseguridad que se vive en el país, recorrer libremente las calles es una osadía permanente al arriesgarse a ser asaltado y, en el peor de los casos; ser asesinado. Uno de los sectores más afectados por la delincuencia son los emprendedores, personas que ante la falta de trabajo optan por colocar pequeños negocios para poder sufragar los gastos familiares.

En las últimas semanas se han multiplicado las denuncias sobre grupos extorsionadores que amenazan con asesinar a los propietarios de los negocios, familiares o empleados de los mismos de no pagar la cantidad de dinero exigida mensualmente. Lo mismo hacen con trabajadores del transporte, otro de los rubros terriblemente golpeado por los grupos criminales.

Con el aumento de la criminalidad la población hondureña sucumbe ante la zozobra e incertidumbre al realizar sus actividades diarias. La extorsión y el sicariato han penetrado hasta los lugares más alejados del área urbana.

Militares, policías y operadores de justicia involucrados en el crimen organizado

La extorsión en el país se inició con el simple cobro de unos lempiras por caminar por una de las calles de algún barrio marginal (a mediados de los años noventa), desde entonces, han pasado casi 3 décadas, alcanzando un nivel de efectividad en los últimos quince años que logra recaudar un poco más de 18,000,000,000 de lempiras. Nelson Castañeda director de Seguridad y Justicia de ASJ sobre el tema expresó “Hemos descubierto que anualmente, la extorsión se lleva aproximadamente 18 mil millones de lempiras solo en cobros, eso representa casi el 3 % del PIB”.

La actividad criminal de la extorsión no hubiera crecido tanto de no ser por la conexión con militares, policías, fiscales y jueces. Según Reporteros de Investigación, son militares los involucrados en la extorsión “Los estudios más recientes además hablan de cómo los militares están lavando activos y viviendo de la extorsión. El delito de extorsión se ejecuta mediante la vigilancia u operaciones de inteligencia contra las víctimas”. RI (23/11/22).

El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseguró que “hay funcionarios de las instituciones de seguridad y justicia del Estado de Honduras que se dedican al cobro de extorsión”, “la violencia y criminalidad genera mucho dinero y hay muchos operadores de justicia involucrados en esto”. Tunota (16/07/22).

Para que la extorsión haya crecido a paciencia de las mismas autoridades es porque existe una conexión entre las bandas criminales, operadores de justicia y, agentes militares y policiales. La mayoría de los delitos originados desde este flagelo generalmente quedan en la impunidad, volviendo imposible para la ciudadanía común y corriente el  atreverse a poner las denuncias en los órganos respectivos.

Policía comunitaria; una promesa de campaña de doña Xiomara Castro

La inseguridad en el país es un tema muy sensible que orilla a la población a  callar para salvaguardar su vida. Han sido muchas las tragedias en que un denunciante fue asesinado seguido después de haber puesto la denuncia, dejando la sospecha que la información se filtró desde la misma Policía Nacional u operadores de justicia.

Una de las promesas de campaña de la Presidenta doña Xiomara Castro fue derogar la “Ley de Defensa y Seguridad Nacional”, y así, de esta forma, desmilitarizar la sociedad creando la Policía Comunitaria en los 298 municipios del país. Ante la falta de consenso en el Congreso Nacional la Ley de Defensa y Seguridad no se ha derogado, ni la Policía Comunitaria ha comenzado a funcionar, lo cierto es que, ante el crecimiento de la criminalidad urge un plan estratégico para atacar la delincuencia, sin embargo, este debe iniciar judicializando a quienes participan desde las instituciones del Estado confabulados con las maras y bandas criminales.      

De una u otra forma, la población es la que sufre con el flagelo de  la extorsión, aun con la misma Policía Comunitaria se corre el riesgo de que muchos criminales se cuelen a ser parte de las mismas generando un monstruo con peores consecuencias que las actuales.

El crimen organizado va ganando terreno y la mejor forma de combatirlos es con la heroica participación de los ciudadanos. El Plan Estratégico debe incluir que desde las mismas comunidades se conformen los grupos de vigilancia y monitoreo, deben estar integradas las personas más honorables y de mayor respeto por los pobladores.