Por Sebastián Ernesto González

Los militares fueron los ejecutores del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, desde entonces, se justifican aduciendo que obedecieron a una orden judicial y que fueron los políticos quienes los obligaron a cometer un acto inconstitucional -hecho que fue condenado por unanimidad a nivel mundial- en consecuencia, el pueblo ha permanecido en desgracia durante 12 años. En el 2009 fueron diversos los sectores que conspiraron para instaurar una dictadura cívico militar que les permitió saquear al país y estructurar una telaraña de impunidad muy bien legalizada con el mayor cinismo del mundo.

Estos sectores que conspiraron como la iglesia (católica y evangélica), la ultraderecha política, la empresa privada y ONG´s, se adueñaron del país, y, lograron mantener su ambición con el soporte militar y de la policía, la forma en que sometieron al pueblo ha sido despiadada y sin el mínimo respeto a la vida, son muchos los mártires que derramaron su sangre, muchos los judicializados injustamente, y son muchos los que durante 12 años quedaron sin empleo en represión a sus convicciones, de ahí que sorprende en gran manera que se crea que de repente, por arte de magia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán redentores del pueblo.

FFAA y PN instituciones represoras

El pueblo en resistencia no debe fijar sus esperanzas en que de un momento a otro los militares y los policías cambiarán su chip y que ahora si caminarán al lado del pueblo, es evidente todo un montaje en los medios de comunicación tendiente a minimizar el rol de los militares y de la policía en estos 12 años de dictadura, al parecer, diciendo que una Junta de Comandantes de la confianza de la presidenta electa Xiomara Castro lleva implícito un “borrón y cuenta nueva” que le lava la cara a la institución castrense que sostuvo a punta de fusil a un narco gobierno caracterizado por estar involucrado en el narco tráfico y en escandalosos actos de corrupción.

Igual situación sucede con otra de las instituciones represoras, es el caso de Ramón Sabillón, ex director de la policía Nacional y destituido por Juan Orlando Hernández en noviembre del 2014,  lo mantuvieron dos años sin funciones y en el 2016 se fue al exterior aduciendo que su vida corría peligro, ahora se le menciona con bombos y platillos como el nuevo Ministro de Seguridad en el gobierno de Xiomara Castro. Como antecedentes hay que recordar que Sabillón fue miembro de la “mesa de crisis” que en el 2009 ordenaba la férrea represión contra la resistencia que luchaba por revertir el golpe de Estado y que, mientras fue director de la Policía Nacional también reprimió a los sectores que se levantaban en lucha.

Según los ahora aduladores, el mérito de este policía represor fue haberse opuesto a Juan Orlando Hernández en el 2014 y detener en un operativo en conjunto con la DEA a los narcotraficantes del cartel de los Valle en el occidente del país, situación que le costó la destitución.

Es inaudito que simples hechos circunstanciales pretendan crear en el imaginario colectivo del pueblo, que ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán de parte de los intereses de las mayorías. Se vuelve muy evidente que existe una campaña intensa y muy bien montada por lavarle la cara a las instituciones que asesinaron sin piedad a centenares de compatriotas, a los que se involucraron en el narco tráfico y que ahora, con el rotundo alto que la población le puso al “juanorlandismo” en la votación masiva del 28 de noviembre recién pasado, pretenden ponerlos como santas palomas con solo cambiar personajes que estarán al frente.

Desconfianza absoluta en policías y militares

El pueblo no debe cifrar esperanzas en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estas siempre serán instituciones al servicio de los grupos de poder, si bien es cierto que su disolución es imposible en las actuales circunstancias, tampoco deben existir ilusión alguna que de un momento a otro estas ya se adecentaron. El pueblo en resistencia debe exigir que se investigue a los violadores de los derechos humanos, a los asesinos de compatriotas cuyo único delito fue defender sus ideales por un país más justo. El pueblo debe exigir la investigación profunda de las personas que estarán al frente de estas instituciones y que en ningún momento, sean nombradas personas que ya han estado involucradas en violación de derechos humanos.

¡Ni olvido ni perdón!